A esta investigación, se viene a sumar un nuevo antecedente brindado por el alcalde Roberto Jacob, quien señaló que los terrenos ubicados en la Cordep y que fueron cedidos para la construcción del nuevo hospital, nunca fueron entregados como compensación para una eventual compra en San Ramón.
Avanza con nuevos detalles, la investigación que está llevando a cabo la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, por el denominado caso Papayagate, que busca establecer responsabilidades por la compra irregular de terrenos ubicados en San Ramón, por más de $9.800 millones por parte del Gobierno Regional.
En esta última sesión realizada este lunes 19 de julio, participaron el alcalde de La Serena, Roberto Jacob y la jefa (s) de Finanzas del GORE, Gloria Encina. El primero en exponer, fue el propio alcalde quien sumó una nueva arista a la línea investigativa que están elaborando los parlamentarios. La autoridad serenense declaró que el trámite de ceder los terrenos para el nuevo hospital -ubicados en la antigua CORDEP, jamás se realizó pensando en una compensación como se ha estado informando últimamente. Al respecto, el alcalde aseguró que “se entregó pensando que era lo único que estaba quedando, si en un mes no encontrábamos un terreno, el Servicio de Salud se llevaba los dineros a otra región. Lo que si pasó, fue que se comenzó a recibir una serie de críticas, sobre todo de gente del sector que ocupaba ese campo deportivo. Empezaron con que no tenían otro lugar, que por qué no lo hacíamos en Las Compañías, cómo esos pulmones verdes iban a desaparecer. A raíz de eso, personalmente, fui a conversar con la ex Intendenta si existía la posibilidad de poder presentar un proyecto, para un campo deportivo y poder restituir en parte lo que la gente estaba pidiendo”.
De hecho, el alcalde también agregó que los terrenos de la Cordep fueron definidos por el propio Ministerio de Salud, considerando lo más apropiado para la construcción del nuevo hospital. No obstante, otro de los puntos que fueron analizados en la sesión, fue una carta emitida por Sergio Bacchitta, quien es el gerente de las inmobiliarias dueñas de los millonarios terrenos de San Ramón y que según el alcalde serenense, esa carta era parte de los antecedentes que del propio GORE establecieron garantizar la factibilidad de acceso a agua y que esa misma misiva, llegó con los otros antecedentes a dependencias de la municipalidad, a través de una funcionaria profesional de la División de Planificación y Desarrollo del GORE.
Luego de aquello, llegó el turno de la jefa subrogante de Finanzas del GORE, Gloria Encina, que señaló que en su trayectoria, por primera vez en el Gobierno Regional, ella se encontraba con esta inusual forma de emitir documentos bancarios para la compra de terrenos sin pasar antes por la toma de razón por parte de la Contraloría.
Otro antecedente que le llamó la atención a la funcionaria de Finanzas del GORE, fue que siempre los documentos se emitían y requerían la firma de los jefes de Finanzas y de Presupuestos del gobierno regional, según lo que dicta la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional. No obstante, para la compra de estos terrenos solo se estableció que llevaran las firmas de 2 apoderados habilitados que no fueron en este caso, los jefes de las unidades antes mencionadas.
Se espera que durante la próxima semana, la comisión cite al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio, así como también a la fiscal que está liderando la presentación de pruebas en esta causa, Claudia Perivancich. Más antecedentes ser irán sumando para saber en definitiva cuál fue el verdadero modus operandi, así como también definir a los responsables de uno de los escándalos económico políticos más relevantes a nivel regional de los últimos años.
