Lo dado a conocer por la investigación de los «Pandora Papers» sobre un eventual conflicto de interés que tendría el mandatario en la venta de Minera Dominga el 2010 desde las Islas Vírgenes Británicas, marca nuevamente un difícil obstáculo en la parte final de su gobierno.
Desde la oposición en la Cámara de Diputados, aseguraron que están reuniendo todos los antecedentes para empujar una eventual acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, luego de darse a conocer los detalles que lo vincularían en un posible conflicto de interés por la venta que se llevó a cabo de Minera Dominga -el año 2010 desde el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas- y que habría beneficiado directamente a las sociedades controladas por la familia del mandatario tanto en la venta del proyecto, como así también de la evasión de impuestos por llevar a cabo esta transacción desde un territorio ajeno a las normativas impositivas de nuestro país.
Una situación que salpicó al mandatario, al igual que a uno de los principales socios y amigos del presidente, Carlos Alberto Délano, quien se benefició también producto de esta millonaria venta que tuvo Minera Dominga por más de U$150 millones de dólares, según los antecedentes ya conocidos por la opinión pública.
Hechos que no solo llamaron la atención en el Congreso, ya que también el Servicio de Impuestos Internos (SII), una vez conocidas las aristas de la investigación dada a conocer, indicaron que desde ya se encuentran trabajando con el Grupo JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration -por sus siglas en inglés), perteneciente a la Red de Administraciones Tributarias de la OCDE, para analizar las acciones locales y/o globales que pudieran derivarse de los antecedentes vinculados a este caso.
De hecho, desde el organismo tributario indicaron que «el SII ha impulsado con fuerza en los últimos años el trabajo colaborativo internacional para mejorar la fiscalización de la evasión y elusión tributaria, participando en instancias para promover acciones destinadas a combatir la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios de las empresas a jurisdicciones de baja o nula tributación».
Oposición confirmó una Acusación Constitucional:
Fue durante la jornada de este Martes 05 de Octubre, en que el sector de diputados que conforman los partidos de oposición al gobierno, confirmaron finalmente que llevarán a cabo durante la próxima semana, una acusación constitucional en contra del presidente Piñera luego de conocer los antecedentes revelados por el Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ). De acuerdo a lo indicado por el diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista, señaló que «en la reunión que hemos tenido todas las bancadas de oposición, hemos acordado iniciar una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Los motivos y los fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad, que está establecido en el artículo octavo y también por comprometer gravemente el honor de la patria».
Finalmente, el parlamentario socialista, agregó que «nuestro ánimo y nuestro espíritu es que este libelo acusatorio sea presentado la próxima semana. Haremos todos los esfuerzos para que eso ocurra efectivamente».
Por otra parte, desde La Moneda criticaron inmediatamente la decisión adoptada por parte de la oposición, aludiendo como «aprovechamiento político en año electoral» todo lo planteado ante esta eventual acusación constitucional. Fue el Ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, quien salió en defensa del mandatario poniendo en en duros términos lo expuesto por los diputados de oposición. Al respecto, el ministro aseguró que «el presidente es inocente. Esta acusación está fundada en una mentira y una falsedad (…) inclusive el medio que publicó esto tuvo que rectificar diciendo que sí se habían conocido estos antecedentes, habían estado a la vista en la causa del Ministerio Público que investigó».
El secretario de Estado, además agregó que «el tribunal de garantía falló diciendo que no había ningún tipo de irregularidad, ningún tipo de delito, y ningún tipo de participación del presidente Piñera. Luego la corte de Apelaciones falló en el mismo sentido y luego fue la Corte Suprema que volvió unánimemente a decir lo mismo: que no hay ningún tipo de irregularidad o delito y que el presidente es inocente», remarcó el ministro, agregando que sobre el caso «no hay ningún papel nuevo que no haya sido visto en la misma causa».
Una opinión académica sobre lo que podría suceder:
Sobre el destino que tendrá esta acusación constitucional, el académico de la Universidad de Chile -Javier Contesse- aclaró que de demostrarse lo que se le está imputando al mandatario, podría asegurarse que hubo infracción de la Constitución al haber antepuesto sus intereses particulares al interés general; sobre todo teniendo en cuenta que una de las cláusulas del contrato de venta de Minera Dominga, señalaba que el último pago -U$30 millones de dólares (de los tres acordados en el contrato), estaría condicionado si el lugar donde operaría la minera (Punta de Choros) no fuese declarado Reserva de la Naturaleza ni lugar protegido. De acuerdo a lo anterior, el académico aseguró que ese actuar podría contar como una abierta infracción al principio de probidad administrativa.
No obstante, Contesse hace hincapié en los tiempos que separan lo acontecido el 2010 con lo que pueda suceder ahora. Al respecto, puntualizó que «hay que establecer que en donde podemos asegurar que existe una controversia jurídica, es en la temporalidad de la eventual acción acusatoria. La Constitución señala expresamente que la acusación constitucional debe ser interpuesta mientras el Presidente está en funciones o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de su cargo. Nada dice, sin embargo, sobre si ese período presidencial debe ser el mismo período en que tuvo lugar la infracción. Esto genera un problema interpretativo”