Por 75 votos a favor, 14 en contra y 35 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora 59, que estableció el registro de irregularidades en el proceso de compra de terrenos en Coquimbo.

El documento concluye que la exintendenta Lucía Pinto Ramírez es la principal responsable política del mayor caso de corrupción descubierto en la zona.

Precisa que, por decisiones de su exclusiva responsabilidad, la exautoridad permitió que, en 2019, se defraudara al fisco por casi 10 mil millones de pesos. Ello, derivado de la compra de los terrenos de San Ramón, en La Serena, a un grupo de inmobiliarias.

El texto establece que Pinto no veló en el ejercicio de su cargo, por la eficiencia y eficacia de los recursos públicos. Tampoco lo hizo por el cumplimiento estricto de la legalidad del procedimiento utilizado para adquirir los mencionados predios, donde se construirían las nuevas instalaciones del centro deportivo.

Las conclusiones señalan que la exintendenta actuó de manera ilegal al saltarse una serie de condiciones y requisitos en el procedimiento de compra.

Lo anterior, porque ameritaba un proceso de licitación pública y no el procedimiento de trato directo por el que se optó. A ello se suma una modificación de contrato para burlar la toma de razón de la Contraloría y acelerar el pago a las inmobiliarias.

El diputado PC Daniel Núñez dio cuenta del informe ante la Sala. Sostuvo que la instancia, junto con respaldar la acción penal que lleva adelante el Consejo de Defensa del Estado, cree indispensable ejercer la nulidad absoluta del contrato de compraventa.

“Que se deje sin efecto la inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces y que se generen las indemnizaciones en cuanto a la restitución de los montos involucrados”, acotó.

Asimismo, precisó que, a la luz de los antecedentes estudiados, se puede afirmar que no solo se habría consumado el delito de fraude al fisco.

“Creemos que también podrían establecerse los delitos de negociación incompatible, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y uso de información privilegiada”, sentenció.