Prorrogar los efectos de la Ley 21.249, que prohíbe el corte de suministros de servicios básicos para determinados clientes, como consecuencia de los efectos de la pandemia, es la finalidad del proyecto aprobado en general por la Cámara.

El texto se presentó por medio del informe de la Comisión de Economía, que rindió el diputado Boris Barrera (PC). Allí se explica que se mantiene el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2022. Esto implica que las empresas proveedoras de servicios sanitarios, así como las distribuidoras de electricidad y de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los siguientes usuarios:

• Residenciales o domiciliarios.
• Hospitales y centros de salud.
• Cárceles y recintos penitenciarios.
• Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual.
• Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.
• Bomberos.
• Organizaciones sin fines de lucro.
• Microempresas.

La propuesta enmienda la fecha del plazo a considerar para el mecanismo de prorrateo. Así, se considerarán las deudas contraídas entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.

El prorrateo será en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario final a su elección (máximo 48). Para el caso, no se aplicarán multas, intereses ni gastos asociados. Además, se podrán incluir deudas previas al periodo mencionado, hasta el monto de 10UF para las eléctricas y de 5UF para las sanitarias y de gas.

Se fijan parámetros para determinar el cálculo de cada cuota para quienes estén dentro del 40% de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares. De este modo, se impone como tope del monto a pagar el 1,5% del ingreso mensual del cliente y deja sin efecto el límite de cuotas fijadas. En el evento que el cliente tenga un ingreso menor al salario mínimo, se condonará la deuda. No obstante, el usuario puede renunciar a este beneficio.

En el caso que el inmueble donde se ha generado la deuda se encuentre arrendado, el arrendador podrá indicar por escrito dicha situación a las empresas proveedoras. Desde ese momento, el arrendatario será el único responsable de los consumos y deuda generada durante su período de ocupación (sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 18.101).

La ley vigente define las condiciones que deben cumplir los clientes finales para incorporarse a este beneficio. Una de ellas exige encontrarse dentro del 80% de vulnerabilidad. Esto se corrige con este proyecto y se amplía al 100%.

Las restantes causales se mantienen:

• Tener la calidad de adulto mayor.
• Estar percibiendo las prestaciones del seguro de desempleo.
• Estar acogido a alguna de las causales de la Ley 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada.
• Ser trabajador independiente o informal no comprendido en alguna de las categorías anteriores. Para ello se debe expresar que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios.

El resto de las disposiciones de la ley se mantienen salvo la que obliga a las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica a proveer con normalidad sus servicios a las distribuidoras domiciliarias y a las cooperativas eléctricas hasta el 31 de diciembre de 2021, así como para facultar hasta esa fecha el pago en cuotas, sin multa, intereses o gastos asociados, de parte de las cooperativas eléctricas.

Abrió el debate el ministro de Economía, Juan Carlos Jobet. Reconoció la buena intencionalidad de la propuesta, pero sostuvo que, más que ayudar a solucionar el problema, lo agrava, incrementando la deuda de quienes no han podido cumplir con sus obligaciones.

En tal plano, dijo que el Gobierno trabaja con el Senado un proyecto de ley que sí responderá a la problemática y que promueve terminar con la deuda por medio de un sistema tripartito. En él participarían los deudores, el propio Ejecutivo y las empresas.

Explicó que el mecanismo comprende dos tramos. En el caso del agua, el primero tiene como corte un consumo de de hasta 15 metros cúbicos por mes; mientras que en electricidad es hasta 250 kw h/mes. Todos ellos tendrían una prorrata de 48 cuotas de sus deudas, sin interés, siempre que no se supere el 15% de su cuenta mensual. Bajo dicho umbral, se recibiría un subsidio estatal; sobre ello, sería de cargo del cliente. Si no se extingue la deuda a las 48 deudas, esta sería absorbida por las empresas.

Los del segundo tramo también podrán acceder a una repactación de su deuda en hasta 48 cuotas, sin interes, pero sin subsidio ni condonación.

Luego de la intervención del ministro, expusieron los diputados Miguel Mellado (RN), José Pérez (PR), Jorge Alessandri (UDI), Boris Barrera (PC), Jaime Naranjo (PS), Daniel Verdessi (DC), Esteban Velásquez (FRVS), Andrés Longton (RN), Marcos Ilabaca (PS), Jorge Sabag (DC), Érika Olivera (IND), Ximena Ossandón (RN), Natalia Castillo (IND), Raúl Soto (IND), Alejandro Bernales (PL), Raúl Leiva (PS), Joanna Pérez (DC), Leonardo Soto (PS) y Juan Antonio Coloma (UDI).

Las y los legisladores, en general, valoraron la propuesta del Ejecutivo, pero lamentaron que, habiendo sido invitado desde agosto a consensuar una solución, no se pronunciara sino hasta ahora, a menos de dos semanas de que caduque el plazo de la ley. Además, se criticó que no se invitara a la Cámara a las conversaciones y se concertara el Gobierno solo en el Senado.

Igualmente, fue recurrente destacar la necesidad de dar una solución hoy y evitar el corte de servicios al 1 de enero de 2022. Así, se lamentó que la propuesta planteada por Jobet aun no esté sobre la mesa y que, por tanto, se relevó que lo único viable para enfrentar la problemática es la iniciativa parlamentaria en trámite.

Otros también fueron enfáticos en remarcar la necesidad de enfrentar el tema y no postergar la solución para el próximo gobierno. Asimismo, se estimó importante no incrementar la deuda y dar una salida por medio de un subsidio estatal y un aporte de las propias compañías.

La idea de legislar se aprobó por 88 votos a favor, 11 en contra y 14 abstenciones. Pero, al ser objeto de indicaciones, volvió a la Comisión de Economía para la determinación de su articulado.