Movilización en Choapa: Comunidad a la espera de la reanudación del diálogo con Minera Los Pelambres

Batuco, Tranquillas y Cuncumén son el bloque que sostiene la toma del camino precordillerano cruce La Higuera que tendría paralizadas las operaciones mientras no se cumpla el petitorio por parte de la empresa.

Diversas han sido las gestiones que se han realizado por parte de las autoridades regionales para destrabar el conflicto que lleva 19 días entre las comunidades del Valle del Choapa con la minera Los Pelambres, producto de la zona de saturación que existe por años y que a la fecha no han tenido mayores avances. Tras intensas negociaciones, el gabinete regional liderado por el delegado Rubén Quezada, ciertas localidades llegaron a acuerdo con la empresa, sin embargo, el pasado sábado, representantes de la minera abandonaron la mesa ante el petitorio de tres comunidades: Batuco, Tranquillas y Cuncumén.

Recordemos que este conflicto comenzó hace más de tres semanas, cuando la empresa minera reportó una fuga de concentrado de cobre por uno de sus conductos, lo que habría gatillado el malestar de la comunidad frente a las acciones que deterioran la flora y fauna, y lo más relevante, son un peligro para la salud de la comunidad aledaña al sector donde opera la minera. Cabe considerar también que dentro de este contexto, diversas organizaciones y ciudadanos comenzaron a tomarse los caminos hacia la minera, para movilizarse y lograr que el diálogo con Los Pelambres, les permita lograr una serie de medidas que han sido parte del petitorio. no obstante hasta la fecha el conflicto se mantiene latente.

En ese sentido, cabe destacar además que la Asociación Gremial de Comerciantes y Empresarios de Salamanca (ACESA), presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de La Serena, contra de la delegada presidencial del Choapa, Nataly Carvajal, acusándola de “omisiones arbitrarias e ilegales relativas a sus obligaciones sobre orden, seguridad y tranquilidad pública que privan, perturban y amenazan las garantías constitucionales de más de 40 empresas de la zona». Todo lo anterior, respecto a que desde la asociación confirmaron que han presentado en varias ocasiones, a que la autoridad utilice la fuerza pública para destrabar esta situación que mantiene aún los caminos tomados.

En el texto presentado en la Corte, la asociación establece además que “en reiteradas oportunidades, se ha requerido a dicha autoridad pública tomar las medidas de protección necesarias, sin embargo ella ha omitido realizar acciones concretas frente a estos actos de violencia e intimidación que privan, perturban y amenazan la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores mencionados, y privan, perturban y amenazan la propiedad y el derecho de desarrollar una actividad económica completamente legal”.

Una de las autoridades que se ha hecho parte del propósito que se reanude el diálogo, ha sido la diputada Nathalie Castillo (PC), qien señaló que “nos hemos puesto a disposición de la comunidad y de la delegación regional de actuar como mediadores de este conflicto con las herramientas de gestión y atributos propios de nuestro quehacer como diputada de la zona. Esta coordinación es elemental para que MLP pueda retornar a la mesa que abandonaron el pasado sábado. Creemos que ha sido un avance el trabajar de forma conjunta para ir destrabando el conflicto y por otra parte dar tranquilidad al movimiento de que el compromiso es evitar a toda costa la intervención del uso de la fuerza por parte del gobierno, algo que la comunidad valoró profundamente”, señaló la parlamentaria.

Por otra parte, cabe considerar un comunicado oficial que fue firmado por las comunidades de aguas del Rio Cuncumén, quienes exigen que la empresa se haga “cargo de la contaminación de los suelos regadío del Rio Cuncumén, por altas concentraciones de cobre y sus sistemas productivos, además de la contaminación por el polvo emanado desde la operación de MLP, que afecta nuestra actividad productiva silvoagropecuaria y la salud de las personas”.

Asimismo, extienden la solicitud a las autoridades competentes para evaluar los futuros proyectos de expansión de la minera: Proyecto INCO (aprobado en febrero del 2018 y avance de ejecución cercano al 80%); y el Proyecto PAO y Proyecto EVU, presentados en abril del 2021 y 2022, respectivamente, ambas en espera del proceso de evaluación ambiental.

Sobre el petitorio pendiente entre estas tres comunidades con la empresa minera se encuentra: el cumplimiento de los acuerdos de MLP con las comunidades en un tiempo determinado; el establecimiento de un mecanismo de compensación bajo “criterios razonables”; determinar la forma de resolver las consecuencias de la actividad minera en la calidad del aire, agua y tierra para asegurar la reparación a las comunidades; la mesa que aborde estos temas debe estar integrada por ejecutivos con capacidad de decisión; y que MLP reconozca el daño causado como punto de partida para la resolución del conflicto.

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