En tanto, desde el SII aseguraron que «con esto buscamos un efecto ejemplarizador, que desincentive a otros a realizar este tipo de delitos”.
La Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó la querella por delito tributario en contra de las inmobiliarias que vendieron al Gobierno Regional, seis terrenos que habrían sido maliciosamente incrementados a un precio estratosférico. Esta línea judicial tiene relación con la investigación del «Papaya Gate», que evidenció la venta de estos terrenos por más de $9.800 millones de pesos, siendo que en un comienzo estaban tazados en un poco más de $4.000 millones.
A esta nueva arista judicial, se le suma recordemos la que actualmente está llevando a cabo el Consejo de Defensa del Estado, que mantiene una querella contra la ex Intendenta Lucía Pinto y otros ex funcionarios, quienes resulten responsables de este eventual Fraude al Fisco. Uno de los escándalos más ruidosos en la escena pública de la región de Coquimbo, pues es necesario traer a la memoria que Contraloría objetó 4 veces la operación que estaba realizando el GORE en ese entonces, sin embargo las millonarias transacciones por los terrenos se realizaron de todas formas.
En cuanto a la querella que ahora empuja el SII, en ésta se señala una presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, que habrían realizado los representantes legales de las inmobiliarias Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A. Investigación que podría sumar también a otras personas como responsables de este delito tributario.
Respecto a los objetivos del SII respecto a esta querella, el Subdirector Jurídico a nivel regional, Marcelo Freyhoffer, aseguró a Diario El Día que “lo que buscamos con este tipo de acciones es entregar un mensaje claro: nadie debe afectar el desarrollo de nuestra sociedad al no pagar correctamente sus impuestos. Con esto además buscamos un efecto ejemplarizador, que desincentive a otros a realizar este tipo de delitos”.
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR IMPUESTOS INTERNOS (SII)
A partir de una auditoría que realizó el SII para esclarecer más antecedentes, se confirmó que el costo directo de los bienes raíces vendidos en ese entonces al Gobierno Regional por parte de las sociedades inmobiliarias, fue incrementado de manera maliciosa, a través de unmecanismo de reorganización empresarial injustificado, en el cual se imputaron como costo más de $.3.881 millones, debido al aumento de un capital ficticio (suscrito, no pagado), según estimó la investigación.
Los resultados además, evidenciaron que «las declaraciones anuales de impuesto a la Renta, correspondientes al Año Tributario 2021, fueron presentadas de manera maliciosamente falsa, debido a que el costo tributario declarado en ellas fue generado artificialmente, mediante una planificación tributaria fraudulenta».
«El objetivo de esta planificación fue disminuir la base imponible del impuesto de primera categoría que se generaría con ocasión de la enajenación de bienes raíces de propiedad de las empresas ya indicadas. El perjuicio fiscal generado por concepto de Impuesto a la Renta en este caso es de cerca de $900 millones», argumentaron los resultados de este sumario.