Sobre esta investigación, la Gobernadora Krist Naranjo sostuvo con firmeza que “necesitamos dar señales de transparencia a la ciudadanía”, aclarando que desde el 12 de Julio se está desarrollando una auditoría externa para la revisión de convenios suscritos de hace cinco años atrás.
Tras la serie de cuestionamientos a nivel general y emplazamientos al gobierno, debido a las irregularidades detectadas en los convenios suscritos entre el Estado y fundaciones, cuya investigación ha dado pie para denominar este polémico esquema como “Caso Convenios”, las consecuencias de la revisión de antecedentes por parte de la Contraloría, han repercutido también en la región de Coquimbo, luego que el ente objetara un convenio por cerca de $1.000 millones de pesos entre el Gobierno Regional y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas áridas (CEAZA).
Según el dictamen de Contraloría, “el convenio no cumple con las disposiciones legales ni con los estándares requeridos por el organismo”, señaló el fallo que evidenciaría las dudas en torno a justificar el propósito de los montos transferidos. En una investigación que comenzó el 29 de junio, una vez conocida la primera arista de este mecanismo de traspasos millonarios a fundaciones que comenzó con “Democracia Viva”, desde Contraloría profundizaron cerca de 30 convenios que alcanzan los $13 mil millones de pesos.
Giros demasiado amplios de las fundaciones, sumado a objetivos mal clarificados para el uso de los montos transferidos y el propósito de algunas de estas organizaciones que dejan mucho espacio a la interpretación, son parte del abanico de argumentos que Contraloría utilizó para paralizar la consecución de estos convenios. Respecto al cuestionado entre el GORE Y CEAZA de la región de Coquimbo, la investigación se encuentra aún en curso, por lo que su revisión permitirá definir si tendrá o no luz verde, al proceso de “Toma de Razón” por parte del ente contralor para su correcta tramitación y un eventual posterior traspaso de mil millones de pesos.
Hace unos días, Claudio Vásquez, gerente corporativo de CEAZA, una vez que se difundieron los resultados de la investigación a nivel nacional y que expuso también el ahora cuestionado convenio con el GORE de la región, señaló a Diario El Día que “el convenio que se hace mención es muy frecuente. Se hace todos los años y financia los gastos operacionales del Ceaza, que se destinan para financiar el capital humano, principalmente, y gastos generales. En ningún caso este convenio es ilegal. No hemos tenido información sobre el argumento de la Contraloría hasta ahora, para no hacer la toma de razón”.
En tanto, desde el Gobierno Regional aseguraron que aún no se han traspasado recursos al CEAZA, subrayando que estará supeditado a la toma de razón por parte de Contraloría. En este sentido, el Jefe jurídico del GORE, Alan Carvajal, sostuvo que “la representación realizada por Contraloría a la resolución 52 referenciada al Convenio de financiamiento basal Ceaza-Gore 2023, se enmarca dentro de las facultades preventivas que posee el órgano Contralor para controlar que los actos administrativos se realicen conforme a Derecho”.
El profesional agregó que “desde ahí, el análisis que hacemos es que las observaciones planteadas responden a aspectos de mejora, precisiones y complementos a dicho Convenio sometido a su revisión, así como la posibilidad de acompañar los antecedentes necesarios, que en definitiva, justifiquen su toma de razón finalmente”.
Cabe señalar que uno de los planteamientos que puso en duda la legitimidad de este convenio por parte de Contraloría, fue que se especificó poco sobre el objetivo en cuanto al fin que persigue el traspaso de los millonarios recursos, teniendo en cuenta que más del 80% de la transferencia será para el pago de científicos y profesionales. Por lo mismo, Claudio Vásquez, de CEAZA, quiso despejar dudas aclarando que las actividades del centro “son auditadas anualmente y han sido aprobadas como prueba de una impecable gestión”.
“El convenio mencionado se realiza todos los años y financia los gastos operacionales del Ceaza destinados al financiamiento del capital humano avanzado, integrado por más de 70 investigadores, profesionales y técnicos dedicados a la investigación científica y desarrollo tecnológico en la Región de Coquimbo. Es importante destacar que este convenio ha sido firmado y aprobado por los distintos gobiernos regionales, desde la creación de Ceaza, hace 20 años atrás”, agregó el Gerente del centro de estudios regional.
Por último, la Gobernadora Krist Naranjo aseguró que paralizó el convenio hasta que no se subsanen las observaciones, sumando además a un proceso de auditoría externa para su revisión. “He instruido al Departamento Jurídico que retire el convenio para su análisis y viabilidad en cuanto a las observaciones detectadas. Asimismo, desde que sucedió la situación del Convenio entre Democracia Viva con el Minvu de Antofagasta se ordenó a todas las divisiones del Gore revisión de los convenios”.
“El 12 de julio instruí que se inicié un proceso inédito en el Gore de generar una auditoría externa respecto a todos los convenios celebrados durante los últimos 5 años por el Gobierno Regional con fundaciones y corporaciones. Necesitamos dar señales de transparencia a la ciudadanía”, cerró.