Mientras los parlamentarios de la región de Coquimbo analizan alternativas incluso con Atacama, sumado a considerar la aceleración en las licitaciones de las desaladoras para el territorio, desde el Gobierno impulsarán esta “ley corta” que permita destrabar aristas técnicas que aseguren que desde Obras Públicas, puedan optimizar y apurar la construcción de estas alternativas desaladoras, considerando el crítico escenario que se proyecta en materia hídrica.
“Antes de que termine el 2023, vamos a presentar un proyecto de ley que asegure que el Estado va a poder construir plantas desaladoras y acelerar los procesos”, fueron las declaraciones del Pdte. Gabriel Boric en su última visita a la región de Coquimbo, haciendo alusión a la situación crítica que enfrenta el territorio por asegurar que el recurso hídrico esté garantizado tanto para el consumo humano, como así también para la agricultura.
Un contexto que ha permitido ir empujando gestiones, sobre todo en el Congreso que durante esta jornada, a través de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputadas y Diputados, votará si darle luz verde o no, a la iniciativa o más bien “Ley Corta” que permitiría acelerar la construcción de plantas desaladoras por parte del MOP en la región de Coquimbo.
Una discusión que será clave para enfrentar con certezas las proyecciones inciertas que convergen en materia hídrica para la región. Sobre todo, si consideramos la petición transversal de algunos parlamentarios de la región, Víctor Pino (IND) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI), en solicitar una estrategia de cooperación en el acceso al recurso hídrico mediante las plantas desaladoras de la región de Atacama, no obstante dichas peticiones no fueron bien acogidas por el Gobernador Regional de Atacama, Miguel Vargas, quien instó a buscar mecanismos que estén focalizados en territorio de la IV región.
El Pdte. de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja y uno de los promotores de alinearse con Atacama para el acceso al agua, Víctor Pino, enfrentará una jornada relevante, sobre todo para destrabar ciertas normativas técnicas que impiden que el MOP ejecute plantas desalinizadoras para asegurar el consumo humano, sino más bien están enfocadas en el riego para suelos agrícolas. Por lo mismo, la propia Ministra del MOP, Jessica López, también participará de esta instancia para trabajar estos tecnicismos en la tramitación de la “ley corta” que pretende impulsar el Ejecutivo.
“Esperamos que luego del trabajo en la comisión, esta ley pueda estar en la tramitación de la Cámara de Diputados en los primeros días de noviembre, para que de ahí pueda iniciar su discusión en la comisión de Recursos Hídricos y de Desertificación del Senado. Este es un avance en la legislación chilena, para que la desalación pueda avanzar y ocupar un lugar relevante para dar una solución a la crisis hídrica”, sostuvo el Diputado Pino para Diario El Día.
Y considerando que esta iniciativa avance al Senado, el senador de la región, Matías Walker (Demócratas), hizo alusión este martes a la rígida postura adoptada por el Gobernador de Atacama, Miguel Vargas, en consensuar la estrategia entre ambas regiones, asegurando que esa decisión no recae en su figura, sino más bien le compete al Estado, por tratarse de una desaladora cuya empresa recibe recursos del Estado, es decir de “cada uno de los chilenos”, sostuvo el parlamentario.
“Esta discusión no debe retrasar la necesaria licitación que pedimos adelantar para el próximo año para las 3 plantas desaladoras multipropósito para las tres provincias de nuestra región”, agregó Walker.