Nueva sesión por Papayagate: Ex Jefa de Presupuestos e Inversión indicó que no autorizó millonarios pagos

En una nueva sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el caso del Papaya Gate, que busca clarificar lo sucedido frente a un eventual fraude al Fisco por la compra de terrenos de San Ramón para un centro deportivo, cuya inversión por parte del Gobierno Regional superó los $9.800 millones. Jornada que contó con la participación de Rocío Ramírez, Ex Jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional, así como también de la Encargada de la Unidad Auditoría Interna del Gobierno Regional de Coquimbo, Priscilla Carvajal.

En esta nueva sesión, Rocío Ramírez entregó su relato indicando que estos pagos en ningún momento pasaron por su unidad para autorizarlos. Su principal tesis, según afirmó, fue que los contratos fueron modificados y se pagaron con la concurrencia de solo una de las partes. En un primer momento, el primer contrato indicaba que debían asistir los abogados de ambas partes, tanto del GORE como comprador como también de los vendedores, para hacer efectivo el pago. No obstante, Ramírez señaló que no recibió ninguna instrucción por parte de la Ex Intendenta -Lucía Pinto- y que luego se enteró que se modificó el primer contrato, emitiendo uno nuevo que dejó establecido que podrían asistir solamente los abogados de los vendedores para que el pago pudiese efectuarse.

Ramírez reconoció que esos pagos no tuvieron una etapa de paso por su ex unidad y que se emitieron quedando en resguardo en la notaría donde finalmente se concretó la compraventa. Al respecto, la profesional aseguró que “esto no fue autorizado por la división presupuesto e inversiones que yo dirigí. Cuando se hizo la primera compraventa y luego una segunda, el departamento jurídico pide la emisión de estos vale vistas, que quedaron en resguardo de la notaría. Cuando se cobraron me entero de que se había concretado el pago de los terrenos cuando se estaba inscribiendo a nombre del Gobierno Regional, pero nunca existió una orden de pago”. 

Otro de los temas a los que puso hincapié la funcionaria, fue la rápida tramitación que realizó el Ministerio de Desarrollo Social en otorgarle un «RS» (Responsabilidad Social) a un proyecto que apenas contemplaba una compra de terrenos. Según afirmó Ramírez, le hizo ver la complejidad del asunto a la Intendenta, por lo que le sugirió que debido a tal escenario lo mejor era que la parte técnica quedase a cargo del municipio serenense, sin embargo aquello no sucedió. La funcionaria señaló que jamás cuestionó la rapidez que tuvo Desarrollo Social, no obstante le llamó la atención que debido al alto costo y envergadura que tenía esta compra, así y todo pasaron por alto las sugerencias de su unidad.

Respecto a los antecedentes aportados por Priscilla Carvajal, Encargada de la Unidad de Auditoría Interna del GORE, señaló primero que todo que su unidad nunca estuvo al tanto de estas operaciones y además, agregó que en muy pocas oportunidades se han dado proyectos de compra de terrenos. Según los registros, se encuentra este mencionado en San Ramón y también los referentes a la compra de los terrenos de la EX CCU para la construcción del nuevo edificio consistorial de La Serena y el del nuevo CESFAM Emilio Schaffhauser para el Servicio de Salud de Coquimbo. 

DECLARACIONES DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:

Por una parte y frente a los últimos antecedentes brindados por estas 2 funcionarias ante la comisión investigadora, el Diputado de la oposición, Raúl Saldívar señaló que «los últimos antecedentes no hacen más que confirmar, desde el comienzo de esta investigación, que el curso de esta compra siguió un curso paralelo a lo que correspondía administrativamente. Lo que sorprende es la poca vinculación de las unidades y departamentos frente a esta compleja compra. Según se desprende, cada una de las unidades que cumplían un rol importante para un procedimiento de esta magnitud, funcionaba como compartimentos estancos sin vinculación. De esta manera, se facilitó que el procedimiento de compra corriera paralelamente a la regularidad de los procesos, por lo que desde el comienzo fue enteramente irregular». 

En la misma línea, el Diputado PS Marcelo Díaz, manifestó que «todos estos testimonios confirman lo que a mi juicio es una hipótesis definitiva y es que estamos frente a una operación de fraude al Fisco, en el que un grupo de particulares y funcionarios públicos se confabularon para comprar de manera irregular estos terrenos y por esa vía obtener beneficios económicos. De esta manera le restaron al patrimonio del Estado casi $10 mil millones que deberían haber sido destinados para beneficios sociales. Espero que esta sea la conclusión de la comisión y también espero que el Ministerio Público pueda perseguir las responsabilidades penales y especialmente a recuperar estos recursos para el patrimonio de la Región de Coquimbo». 

Por último, el Diputado oficialista de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, determinó que «ha sido muy difícil poder avanzar en la investigación del proceso del Papayagate. Los que tienen esta información, no la han querido brindar y ninguna luz de lo que realmente ocurrió. Esto ha generado un manto de dudas que es súper complejo. Hemos avanzado muy poco para lo que realmente creíamos, no obstante ya se han comunicado con nosotros, personas que asistirán a las próximas sesiones quienes nos entregarán más antecedentes de esta trama. Espero que esta especie de cartel que existe para ocultar lo que sucedió, se despeje y podamos conocer lo que realmente sucedió y todos los mecanismos que utilizaron para haber hecho ésto».

Se parte compratiendo