Con esta ratificación de la sanción, en segunda instancia por parte de la Contraloría, lo que viene ahora será el proceso en donde la Corte Suprema, analice los antecedentes para decidir si confirma o no esta suspensión que enfrenta la autoridad regional. En tanto, el abogado de la Gobernadora, sostuvo en un comunicado que «en caso de haberse cometido una falta administrativa, procedería a un reproche administrativo, pero no una sanción como la que se propone”.
Un balde de agua fría, en medio de múltiples cuestionamientos del CORE, es el que recibió la Gobernadora Krist Naranjo, durante este lunes cuando la Contraloría, tras dos meses de análisis, ratificó finalmente la suspensión de tres meses en el cargo, además de una rebaja en el 50% de su salario por el mismo período, en contra de la Gobernadora por el mal uso de vehículo fiscal. Recordemos que a finales de agosto, la defensa de Naranjo apeló a esta sanción, no obstante el ente contralor volvió a dictaminar en su contra. Ahora será el turno de la Corte Suprema, quien decidirá si acoge o no esta sanción.
En tanto, al interior del Consejo Regional estaban muy expectantes ante la decisión que tomaría Contraloría Regional, en segunda instancia, tras la evaluación de los antecedentes por mal uso de vehículo fiscal durante los años 2021-2022. “La investigación fue un proceso largo que duró más de un año para llegar a esta sanción y obviamente lo que nosotros esperamos es que se ratifique la suspensión que tiene la Gobernadora regional, porque ya es un hecho comprobado el mal uso del vehículo fiscal”, sostuvo hace solo días el Consejero Cristián Rondanelli.
Volviendo al entorno de la Gobernadora Naranjo, su defensa, el abogado Isidro Solís, se mostró inconforme con la decisión adoptada por Contraloría en contra la autoridad regional, sosteniendo que sale de toda proporción frente a un hecho que no reviste de una infracción grave al principio de probidad administrativa.
“La tarea del instructor es allegar antecedentes completos para esclarecer los hechos materia de la investigación. Es decir, tanto aquellos para inculpar como exculpar, si fuera el caso, pero en esta investigación sería evidente que la labor investigativa es sinónimo de actividad persecutoria, pues toda la actividad indagatoria, las declaraciones de testigos que carecen de imparcialidad atendido los conflictos previos que tuvieron con la gobernadora regional, la fragmentación de las rutas del vehículo y la total y absoluta minusvaloración de la prueba aportada por su defendida, demuestran que el procedimiento tenía por finalidad sancionar a la autoridad regional”, sostuvo el abogado Isidro Solís mediante un comunicado.
En cuanto a la sanción que ahora deberá pasar por el máximo tribunal de jurisdicción, la Corte Suprema, el abogado también aseguró que la decisión “carece de razonabilidad y proporción, debido a que hechos que se tienen por acreditados se califican y valoran jurídicamente con omisión de antecedentes y circunstancias. Las conductas investigadas no se encuadran razonablemente, con una infracción grave al principio de probidad administrativa. En caso de haberse cometido una falta administrativa, procedería a un reproche administrativo, pero no una sanción como la que se propone”.
Se espera que durante los próximos días, las carpetas lleguen a las salas de la Corte Suprema, que deberá ratificar o no la resolución adoptada a nivel regional. Con todo el cúmulo de antecedentes y decisiones desfavorables, el círculo de la Gobernadora tiene la difícil misión de redoblar los esfuerzos y fortalecer su defensa, sobre todo considerando que la carrera por su puesto está por comenzar y de acuerdo a sus pretensiones, la Gobernadora irá por la reelección.